Al quebranto patrimonial por más de 38 millones de pesos durante el ejercicio 2014, seguramente se le habrán de sumar los millones de pesos de los años siguientes en los que la administración de Rafael Núñez Ramírez por omisión, por imprecisión o por el argumento que exista, incumplió con la norma establecida a efecto de transparentar su administración y cumplir a cabalidad y hacer cumplir a su equipo con el precepto legal al que empeñaron su palabra el 15 de febrero del 2014 en punto de los primeros minutos del día.
Una historia diferente, pero similar se ha escrito por muchos años en las sesiones públicas ordinarias de las legislaturas desde la quincuagésima tercera la entonces Comisión Inspectora de la Contaduría de Hacienda y hoy la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha cumplido su papel de convertirse en el garrote político que amenaza a los gobernantes municipales, a unos más a otros menos, a unos a buena hora, a otros más tarde, siempre con un final predecible.
El ex presidente municipal de San Martín Texmelucan Noé Peñaloza Hernández, corrió con esa suerte y la ASE le fincó cargos, luego de abrir un proceso administrativo y determinar un quebranto patrimonial; el hombre que hoy goza de cabal salud es el candidato de Compromiso por Puebla para ser diputado en la sexagésima legislatura.
Pero en Diciembre del 2017, en un paquete de 142 dictámenes de aprobación y de resolución de inicio de procedimientos administrativos de cuentas públicas, durante el tercer periodo ordinario de sesiones; los diputados locales exoneraron al ex presidente municipal de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza Hernández de una inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 61 millones 100 mil pesos debido a irregularidades en su cuenta pública 2009.
La pregunta obligada es ¿para qué tanto escándalo por un quebranto patrimonial, si el alcance de la justicia de las leyes de los hombres en el estado de Puebla no afecta a las aspiraciones de repetir o buscar ejercer un cargo público?
De manera inusual, San Martín Texmelucan, con las bondades de la ley, tiene tres presidentes municipales, un cuerpo edilicio, una nueva amenaza de quebranto patrimonial, una descomposición en el ejercicio de su administración pública y la lentitud con la que la ley se aplica, aunado a la inamovilidad de la denuncia ciudadana que busque una expedita justicia y aunado al ostracismo del ayuntamiento, más parece una serie de televisión de paga que un ejercicio legal de poder.
Se ha construido una serie exitosa, la de los más de cuatro años en los que el trabajo en comparsa de los poderes Ejecutivo y Judicial, a cuenta gota, van escribiendo el guion de lo que a veces parece más una cortina de humo que un ejercicio republicano con autonomía entre los poderes para el desarrollo de los pueblos y de los municipios.
La leyenda urbana del garrote político aparece justamente en la recta final del proceso electoral habrá que ver si el poder público recobrará credibilidad a partir de estas acciones, de las que seguramente tenía conocimiento la ASE y el gobierno del estado, por cuanto hace a sus responsabilidades legales, o si solo se trata de mover las fichas para apuntalar un proceso electoral que en busca de la justicia, de la democracia y de la verdadera oferta política que comprometa una transformación necesaria: duerme el sueño de los justos.
