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lunes, 26 de noviembre de 2018

Editorial. Semanario No. 141. Lunes 26 de noviembre de 2018.

Editorial
Sin cambios parciales ni mucho menos absolutos todo indica que el año cierra con saldos negativos en materia de seguridad en todo el estado de Puebla, la región del Valle de Texmelucan, desde los límites de Puebla con el Estado de México hasta Huejotzingo no encuentran respuesta coordinada de los tres órdenes de gobierno que garanticen la paz social, por el contrario.
En un informe del dominio Público, fechado en septiembre del presente año, por Petróleos Mexicanos, Puebla encabeza el número de tomas clandestinas en todo el país con Mil 636, cantidad que supera en un 49 por ciento el total registrado en la misma fecha del 2017 con un total de Mil 095 tomas.
De enero a septiembre a nivel nacional se han detectado 11 mil 240 tomas clandestinas en el estado, de las cuales 14.55 se registraron en territorio poblanoDespués de Puebla destaca el estado de Hidalgo con mil 491 tomas clandestinasGuanajuato con mil 352 y el Estado de México con mil 140.
Aunado a esta pujante actividad comercial que opera en la ilegalidad, la violencia por el robo en sus diferentes modalidades, los ajustes de cuentas entre el crimen organizado y que ha cobrado muchas vidas en la región y el fin del gobierno del estado, con el desacomodado inicio de los gobiernos municipales ocurrido hace apenas cinco semanas, los poblanos vivimos horas de interminable ignominia, de desasosiego y de inseguridad, alejados de la paz social y del desarrollo.
El escandaloso desencuentro del poder legislativo entre los grupos políticos que ahí están, ocurrido al inicio de la semana anterior también dan cuenta de la poca capacidad política y la deficiente responsabilidad de los grupos en el poder para transitar con oficio político y aprender a cohabitar desde el poder y desde la oposición,  es urgente que la gente de poder asuma a cabalidad los retos que le conllevan este ejercicio y que, en el marco de la ley, trabajen de tiempo completo para reestablecer la paz en Puebla y por ende en la región de este hermoso valle, sin polarizaciones políticas ni sociales, en un verdadero equilibrio de los pesos y contrapesos que permitan convertir la oscurana en claridad.

lunes, 11 de junio de 2018

Editorial

Al quebranto patrimonial  por más de 38 millones de pesos durante el ejercicio 2014, seguramente se le habrán de sumar los millones de pesos de los años siguientes en los que la administración de Rafael Núñez Ramírez por omisión, por imprecisión o por el argumento que exista, incumplió con la norma establecida a efecto de transparentar su administración y cumplir a cabalidad y hacer cumplir a su equipo con el precepto legal al que empeñaron su palabra el 15 de febrero del 2014 en punto de los primeros minutos del día.
Una historia diferente, pero similar se ha escrito por muchos años en las sesiones  públicas ordinarias de las legislaturas desde la quincuagésima tercera la entonces Comisión Inspectora de la Contaduría de Hacienda  y hoy la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha cumplido su papel de convertirse en el garrote político que amenaza a los gobernantes municipales, a unos más a otros menos, a unos a buena hora, a otros más tarde, siempre con un final predecible.
El ex presidente municipal  de San Martín Texmelucan Noé Peñaloza Hernández, corrió con esa suerte y la ASE le fincó cargos, luego de abrir un proceso administrativo y determinar un quebranto patrimonial; el hombre que hoy goza de cabal salud es el candidato de Compromiso por Puebla para ser diputado en la sexagésima legislatura.
Pero en Diciembre del 2017, en un paquete de 142 dictámenes de aprobación y de resolución de inicio de procedimientos administrativos de cuentas públicas, durante el tercer periodo ordinario de sesiones;  los diputados locales exoneraron al ex presidente municipal de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza Hernández de una inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 61 millones 100 mil pesos debido a irregularidades en su cuenta pública 2009.
La pregunta obligada es ¿para qué tanto escándalo por un quebranto patrimonial, si el alcance de la justicia de las leyes de los hombres en el estado de Puebla no afecta a las aspiraciones de repetir o buscar ejercer un cargo público?
De manera inusual, San Martín Texmelucan, con las bondades de la ley,  tiene tres presidentes municipales, un cuerpo edilicio, una nueva amenaza de quebranto patrimonial, una descomposición en el ejercicio de su administración pública y la lentitud con la que la ley se aplica, aunado a la inamovilidad de la denuncia ciudadana que busque una expedita justicia y aunado al ostracismo del ayuntamiento, más parece una serie de televisión de paga que un ejercicio legal de poder.
Se ha construido una serie exitosa, la de los más de cuatro años en los que el trabajo en comparsa de los poderes Ejecutivo y Judicial, a cuenta gota, van escribiendo el guion de lo que a veces parece más una cortina de humo que un ejercicio republicano con autonomía entre los poderes para el desarrollo de los pueblos y de los municipios.
La leyenda urbana del garrote político aparece justamente en la recta final del proceso electoral habrá que ver si el poder público recobrará credibilidad a partir de estas acciones, de las que seguramente tenía conocimiento la ASE y el gobierno del estado, por cuanto hace a sus responsabilidades legales, o si solo se trata de mover las fichas para apuntalar un proceso electoral que en busca de la justicia, de la democracia y de la verdadera oferta política que comprometa una transformación necesaria: duerme el sueño de los justos.

lunes, 28 de mayo de 2018

Editorial. Semanario No. 117. Lunes 28 de mayo de 2018.

En un escenario de desacomodo, inseguridad y confrontación social, la región del Valle de San Martín  Texmelucan, al igual que el resto del país, se prepara a vivir su jornada electoral, las particularidades políticas en la región advierten de un posible foco rojo provocado por los recientes acontecimientos de  las administraciones municipales donde la inseguridad y el desacuerdo con algunas acciones gubernamentales ha desatado a la sociedad que protesta y se manifiesta.
Las casas de campaña, los cuartos de guerra de los candidatos alistan las estrategias electorales de la recta final, mientras tanto los candidatos, unos más, unos menos, caminan en el día a día con las familias poblanas para hacerles saber de sus propuestas y persuadirlos de que les otorguen su voto.
En materia de seguridad, la demanda más sentida y manifestada por los poblanos de este valle, el gobierno del Estado accionó en San Martín Texmelucan con una purga en seguridad pública, misma que alcanzó al cabildo y a los directores de la actual administración municipal, donde los Texmeluquenses siguen reclamando paz, y legalidad para todos.
El gobierno en sus tres órdenes está obligado a interactuar en el marco de la ley, pero con el diálogo y el acuerdo político que no polarice aún más a los ciudadanos con sus reclamos escuchados a medias.
El fantasma del abstencionismo junto con los votos de castigo a uno u otro instituto político, asoma, como vengador el próximo uno de julio y esa acción deslegitimará a cualquiera de los ganadores.
La corresponsabilidad y la participación social serán una tarea necesaria para la reconstrucción del tejido social, para el rescate de las instituciones y para retomar el respeto y el compromiso conjunto que necesita la sociedad para pactar las condiciones en las que se deberá arribar  a una nueva administración incluyente, propositiva y que resuelva de fondo y de manera urgente este desacomodo social que deambula por las calles de cualquier municipio y de cualquier comunidad en la región.